La lógica policial…

Armando Charles LumbrerasPor: Armando Charles

La lógica policial y militar en cierta forma pretende basar su actuación en el argumento de la seguridad nacional e interior del Estado, por lo cual, la exposición de los hechos que difunden suelen no garantizar el derecho ciudadano a la información con veracidad y oportunidad.

De ahí las sorprendentes explicaciones que a veces ofrecen sobre los ya cotidianos acontecimientos de violencia e inseguridad.

Tan inexactas son algunas de sus explicaciones sobre el fenómeno delictivo, que la población a veces tiene que acudir a otras fuentes noticiosas para allegarse un juicio de valor u opinión más certera sobre lo que acontece, y respecto de si la actuación de las autoridades es eficiente o no.

Pero el hecho de que, también, las autoridades civiles pretendan utilizar la misma lógica policial en modo alguno se justifica, pues los servidores públicos, sobre todo los de elección popular, deben garantizar los derechos humanos de las personas.

De ahí que no tienen necesidad de mentir, trivializar u ocultar la información, respecto de la cual rige el principio constitucional de máxima publicidad.

Tampoco deben pretextar que algunas cuestiones son confidenciales o reservadas para justificar la omisión de informar cosas que debe saber la población.

Es en ese estado de cosas que el Congreso local debiera equilibrar y controlar al Gobernador y a sus dependencias, mediante el poder ciudadano que representan o deben tener los diputados.

Sin embargo, no se advierte que hayan citado a comparecer a funcionario alguno cuando en Tamaulipas ocurren hechos lamentables en materia de seguridad pública, ni en materias diversas, y que son noticia mundial.

Así, sin control efectivo alguno, cuando el poder no es debidamente controlado, es cuando suele haber excesos que luego son tan lamentables o más que las causas que aparentemente los originaron.

Un principio en todo esto es que el pueblo no debe seguir perdiendo libertades o derechos a cambio de una mayor seguridad, que nunca llega.

Pues, reitero que no existe dilema alguno entre el derecho humano a la seguridad pública previsto en el artículo 21 de la Carta Magna y el ejercicio de los demás derechos fundamentales, en la medida que muchos de estos dependen de aquél, y todos deben poder disfrutarse de manera interdependiente e indivisible, acorde al artículo 1º constitucional federal.

Que no le vean la cara al ciudadano, pues.

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