Violencia, hermana de la complicidad

maria-en-el-desfile-16-de-sepPor: María Jaramillo Alanís

Túneles “históricos”, fugas, homicidios, cobro de cuotas ilegales, custodios en franca complicidad con delincuentes, extorsiones hacia el exterior; Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) transformados en auténticos centros operativos de grupos delincuenciales. Fiel reflejo de lo que durante décadas se ha vivido en Tamaulipas; el Estado abandonó su obligación de ser garante de la rehabilitación de los reos, además de su reinserción  a la sociedad como personas productivas.

El Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano dentro de su segundo párrafo señala:

… El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto

Y a pesar de ser un mandato constitucional, la reinserción social ya no es un concepto que el gobierno ponga en práctica con los más de 5 mil presos de las cárceles estatales, estas son por mucho, escuelas de criminales, lo peor, es que cualquier esfera de autoridad lo sabe.

Con este antecedente se dan los más recientes acontecimientos; Fuga, motín y asesinatos, del CEDES en Ciudad Victoria, “la peni de Tamatán”, cárcel que por cierto ha quedado en medio de escuelas y colegios; Unidades habitacionales; Centros recreativos, como zoológico y parques; Oficinas y centros de atención, además de centros hospitalarios como el hospital infantil.

Los 29 –o 27-según César Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno- reos que se fugaron por un túnel que al mismo tiempo visibilizaron, demuestra que el gobierno estatal no está al mando de las cárceles, sino los llamados “autogobiernos”, admitido por el vocero del grupo de coordinación de seguridad, Luis Alberto Rodríguez Juárez.

Un dato: En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se lee lo siguiente:

El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y sus recursos deben destinarse a diversos propósitos entre otros: (…) la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores.

Evidentemente los recursos no se han aplicado en éstos rubros.

El Congreso, la Auditoria Superior, el Supremo Tribunal de Justica y la Procuraduría de Justicia deben responder también ante los hechos; Uso de recursos, ejercicio presupuestal, calificación de cuentas públicas de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Secretaría General de Gobierno, de quien en el pasado reciente dependían las cárceles estatales,  persecución y detención de los implicados en posibles actos indebidos, de corrupción, extorsión colusión, omisión.

Claro, se le apuesta al nuevo sistema de justicia penal… ¿y quién apuesta por la prevención del delito? ¿Quién le apuesta por la cultura de la paz? ¿Quién le apuesta invertir en rubros que no tienen que ver con acciones punitivas? Es evidente que mientras el Estado apuesta por seguir la guerra contra el narcotráfico, el flagelo seguirá en nuestras calles y las cárceles seguirán siendo escuelas del crimen, con honrosas salvedades, seguramente.

Otro dato; entre los reos fugados, el vocero del grupo de Seguridad aseguró que nueve de los evadidos cumplían condena por delitos del fuero federal, el resto del fuero común ¿Por qué los reos federales permanecen en una cárcel que no cumple con las normas mínimas de seguridad para un delincuente que trasgrede leyes federales? ¿Por qué y quiénes determinan su permanencia entre la población carcelaria que no tiene que ver con delitos de alto impacto?

En reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)  dado a CNN México, afirma: “La manutención de los reos que se encuentran en las 21 cárceles federales de México costó en 2014 un total de 1,703 millones 209,173.49 pesos. Este gasto equivale a más de 4 millones 600,000 pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos que había en estos centros para finales del año pasado”

Aun cuando los llamados Centros de Ejecución de Sanciones, dependían hasta donde se sabe, de la Secretaría General de Gobierno,  hoy están bajo el “cuidado” y vigilancia de la Secretaria de Seguridad Pública. Lo cierto es que al menos en esta ocasión,  la segunda oficina en importancia dentro de la estructura estatal, en la que atiende César Verástegui Ostos,  habló y solo para meter más confusión, mientras el vocero del grupo de seguridad Rodríguez Juárez dijo que eran 29 fugados Verástegui Ostos afirmaba que eran 27.

Sea cual fuese el número real de los fugados, resulta más grave aún que ni Verástegui Ostos, Rodríguez Juárez y mucho menos Irving Barrios Mojica Procurador de Justicia han aclarado cómo es que dos de los reos dados por muertos, están  vivos y permanecen en el penal estatal.

Y acaso no es tiempo ya, que como resultado de una seria investigación,  hubiese al menos una presunción sobre la responsabilidad-en caso de que así sea-de los custodios y director del Cedes por la evasión de los reos.

Es evidente que la violencia se hermana con la complicidad, complicidad que permea desde lo más alto del poder público hasta el más pequeño eslabón en la cadena de mando, concatenado con los acuerdos inconfesables con gente non sancta.

Si esa hermandad no existiera, luego entonces, ¿la fuga de 29 reos, -27 al menos- sucedida el 22 de marzo, entre las 10 y once de la noche, resultaría una simple ocurrencia salida de los presos?

Y ¿Acaso la sociedad, toda, debe creer la “verdad alterna” que se dice en boletines y en cada espacio noticioso bajo estipendio gubernamental?

Sin embargo en la fuga de éstos reos hay un común denominador en el quehacer público, -y obligación constitucional- el jefe del ejecutivo, se encontraba ausente, y en esa ausencia nos quedamos solos desde la población carcelaria -mujeres, hombre y niños-, las miles de familias que habitan alrededor del CEDES, usuarios de los servicios hospitalarios, de atención y recreación,  y en general la población de Ciudad Victoria.

¿Nuevo Penal?

El penal federal a medio construir a la salida a Victoria por la vieja carretera a El Mante, luce  abandonado, los 200 millones de pesos invertidos  ahí están sepultados y a decir del ex secretario de obras públicas Manuel Rodríguez Morales se ocupaban al menos 700 millones más para concluirlo, según declaraciones recogidas por periódicos de la localidad.

A raíz de la fuga de reos, de marzo 22 de este año, el gobierno estatal vuelve a ponerlo como la alternativa para  confinar ahí los reos federales.

Aunque deberían responder primero a quien  pertenece el predio donde está construido el penal, ¿le darán a ganar a los del corazón de Tamaulipas? ¿Es propiedad de Eugenio Hernández Flores  o el predio sigue siendo de los Corcuera? Simples preguntas, que si bien no tienen relevancia, bien podrían  informarnos para quitarnos la maldita duda

Y ya que mencionamos a Eugenio Hernández Flores, justo es señalar que antes, mucho antes, durante su sexenio,  el consumo de drogas duras creció en Tamaulipas en proporción desmesurada, la mayoría de los adictos preferían la cocaína, luego, por esas cosas de acuerdos y desacuerdos, Silvestre Bañuelos Alejos fue asesinado de siete balazos el 13 de septiembre del 2006, al servidor público se le encontraron dos armas no reglamentarias,- P90-, según los reportes de aquella fecha.

Y la descomposición siguió con la fuga de más de 120 reos del penal de Nuevo Laredo,  tanto que  a Horacio Sepúlveda Acosta “El Tigre”, entonces Director General de los Centros de ejecución del estado, lo persiguieron a Victoria y balearon su casa  luego, la espiral de violencia jamás menguó, hasta a fecha.

Con Egidio Torre Cantú las cosas no fueron distintas, cuatro secretarios de seguridad pública, como el caso de General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Arturo Gutiérrez, quien además de ser de la élite militar profesaba  la fe cristiana evangélica, y para todo oraba, pero como todo lo mira Dios, el buen general se hizo de coches blindados, producto de la venta de  vehículos a la dependencia en la que fuese titular.

Del ex secretario de seguridad pública, Rafael Lomelí Martínez aún se espera que regrese el crédito para vivienda de 3 millones de pesos otorgado por el ex UPYSSET, donde mandaba Jorge Silvestre Abrego Adame a través de Lourdes Benavides.

Regresando de este breve paréntesis histórico y mientras se ponen de acuerdo, y terminan de construir un penal federal, las cárceles de Tamaulipas sieguen siendo un polvorín, cualquier  día pasará otra desgracia y otra vez lo lamentarán  y darán conferencias llenas de imprecisiones, datos errados y habrá otra vez muertos que no están muertos y así hasta la eternidad.

Al momento y como una de las peores “propuestas” se encuentra la del comercio organizado, quien a través de Julio Almanza Armas, Presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas, propone la concesión de los CEDES como una manera de  privatizar los penales, igual puede ser, en este México nuestro nada es imposible. Pero eso sí,  tendría que haber otra reforma Constitucional para que el Estado deje de ser proveedor de recursos públicos para las cárceles,  porque los “empresarios” de Tamaulipas, están acostumbrados a ganar-ganar sin poner un céntimo.

Mientras la hermandad entre violencia y complicidad crece; y transcurridas ya seis décadas las “Reglas Mínimas” aún siguen en espera de una digna implementación y cabal cumplimiento.

  • En 1957 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, postura que llevó a nuestro país a crear y aprobar en 1971 la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, documento que dio legitimidad al tratamiento de la readaptación social en nuestro país. Con base en tal normatividad se puso en práctica un sistema progresivo técnico que mira al trabajo, a la capacitación y a la educación como premisas readaptatorias.

barbarabotero@gmail.com

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